La proliferación de discursos de odio en redes sociales tras el crimen de Mocejón ha reabierto el debate sobre el anonimato y la responsabilidad en internet.

Si bien algunos políticos claman por medidas como la prohibición del anonimato o el acceso a redes con DNI, la realidad es que el Estado español ya posee instrumentos para identificar a quienes difunden mensajes de odio, como demuestran las diferentes operaciones contra el terrorismo. De hecho, algunos de ellos perfectamente conocidos.

El problema radica en la falta de voluntad política para frenar la impunidad con la que operan estos actores con gran alcance que, amparados en la libertad de expresión, incitan al odio y la discriminación.

La ambigüedad de la legislación sobre delitos de odio, sujeta a la interpretación de jueces conservadores, ha permitido que incluso se llegue a considerar víctimas a quienes promueven el odio. Un ejemplo claro es la campaña de Vox en 2019 que relacionaba a menores migrantes con la delincuencia, la cual precedió a agresiones y un ataque con una granada a un centro de menores.

La solución no reside tanto en dotar al Estado de más poder, sino en exigir que se apliquen las leyes existentes con contundencia y se persiga a quienes, desde plataformas con gran alcance, alimentan el odio y la desinformación. Es necesario un cambio de enfoque que priorice la protección de los colectivos vulnerables.

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Frente al racismo, #PoderMigrante

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